Los prejuicios del Consejero de Educación de Castilla y León

 

 

CONSEJERÍA EDUCACIÓN

Las declaraciones del Consejero de Educación sobre el artículo 5.2 del Estatuto de Castilla y León del día 14 de febrero al Diario de León evidencian que los prejuicios de la derecha castellana sobre el leonés se imponen al cumplimiento de la legalidad. Veamos: resulta irrelevante que el artículo 5.2 no señale expresamente que el leonés es una lengua, pues la ubicación sistemática de ese precepto en el Estatuto entre los parágrafos dedicados al castellano y al gallego revela por sí misma el estatus que el legislativo autonómico otorgó al leonés. Es más, legalmente (no procede mencionar ahora otros argumentos) la categoría de «lengua» del leonés viene determinada también por el instrumento de ratificación español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tratado internacional promovido por el Consejo de Europa e integrado en el ordenamiento español desde 2001, que establece que España declara que son lenguas regionales o minoritarias las que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan, la leonesa incluida.

El sr. Rey confunde protección con oficialidad; nuestro Estatuto no declara la oficialidad ni del leonés ni del gallego, pero sí prescribe la protección de ambos idiomas, y el elemento esencial para ello es la educación. De hecho, la Junta protege la lengua gallega a través de su oferta en el sistema educativo público de esta comunidad (infantil, primaria, secundaria y bachillerato), a pesar de que el artículo 5.3 nada dice sobre la enseñanza del gallego. El Consejero sostiene que el Estatuto no obliga a que la protección del leonés sea por medio de su enseñanza, pero eso es falso. La Carta Europea prescribe en la parte directamente aplicable al leonés que los estados parte de este tratado internacional basarán su política, su legislación y su práctica en la provisión de formas y medios adecuados para la enseñanza y el estudio de las lenguas regionales o minoritarias en todos los niveles apropiados (artículo 7.1.b). El Estado deriva esta responsabilidad a las comunidades al ser competentes en materia de educación, pero Castilla y León incumple sin pudor este tratado infringiendo el artículo 68.2 del Estatuto, a pesar de que el Consejo de Europa en los informes de 2012 y 2016 sobre la aplicación de la Carta en España reclamó que se garantice la enseñanza del leonés como parte de los planes de estudio que se siguen en Castilla y León. De lo que sí trata explícitamente el Estatuto es del uso del leonés cuando prescribe que su protección, «uso» y promoción serán objeto de regulación; y en ese mismo sentido cabe citar el artículo 7.1.e de la Carta Europea.

El Consejero desconoce qué es el leonés o cómo protegerlo, de ahí que pida que «se determine con exactitud qué es el leonés como modalidad lingüística y de qué modo habría que promoverlo y protegerlo», lo cual resulta insólito porque en una reunión mantenida el 17 de julio de 2017 en Valladolid a la que asistió quien suscribe, Rey manifestó que fue él junto con Villalba, el redactor del artículo 5.2 del Estatuto. Resulta desconcertante comprobar que quien se proclama autor intelectual de ese precepto sostenga en público su absoluta ignorancia en la materia sobre la que participó en el proceso de la reforma estatutaria. Las dudas del Consejero podrían solventarse con una lectura no sectaria del artículo conforme a la repetida Carta Europea de la que se extrae como conclusión que el leonés es una de las lenguas minoritarias de Castilla y León; y respecto a lo qué hacer con el leonés bastaría con cumplir el segundo mandato enunciado en el artículo 5.2 promoviendo en las Cortes una iniciativa legislativa que fije las medidas de protección, promoción y uso del leonés, tal y como solicitó el Procurador del Común a la Junta en sendos expedientes de 2009 y 2016, abiertos por la contumaz resistencia del ejecutivo a promover el leonés.

 No hay demanda de enseñanza de leonés para el responsable de Educación, pues según él «ni lo piden los centros, ni los alumnos ni los padres lo solicitan», cuando lo que ocurre es exactamente lo contrario, que no hay oferta educativa para el leonés, ni la Junta ha realizado ninguna actividad en ese sentido, mientras que para la enseñanza del gallego en Castilla y León ya se han dedicado cerca de 8 millones de euros y es la propia Junta la que organiza y promociona esta asignatura en los centros donde se imparte. Sin embargo, para el leonés han de ser los propios centros educativos los que han de buscarse la vida sin el apoyo de la administración educativa autonómica. Esta arbitrariedad es una constante en el proceder de la Junta cuando se trata de promocionar el leonés o lo leonés, y la creación de la Cátedra de Estudios Leoneses en la Universidad de León no se debe a ningún cambio en esa actitud discriminatoria, sino a la necesidad de contar con la UPL que es quien ha reclamado que la Junta proteja el leonés después de una década de escandalosa inoperancia. Dicha cátedra no va dar cumplimiento al artículo 5.2 del Estatuto ya que ni puede ni es su función, por lo que nos hallamos ante una burda maniobra política para burlar otra vez el mandato estatutario de promoción del leonés.

Para el Consejero la introducción del leonés en el currículo constituye «una decisión política de enorme calado que debería ser validada al máximo nivel parlamentario y ejecutivo de la Comunidad, así como por todos los actores de la comunidad educativa», pero la introducción del gallego en el currículum educativo autonómico no requirió de nada de eso, tan solo de la decisión de la Consejería de Educación plasmada normativamente en varios reglamentos de rango menor. Todo un ejemplo de ley del embudo aplicada sin miramientos al leonés.

Nicolás Bartolomé Pérez, Diario de León 2-III-2018

 

«Ahora Europa ya conoce la desprotección del leonés»

ESTRASBURGO

 

El pasado día 26, una delegación de la asociación cultural Faceira intervino en la reunión del Intergrupo de Minorías Tradicionales, Comunidades Nacionales y Lenguas del Parlamento Europeo en Estrasburgo para dar a conocer «la situación crítica del leonés». Una charla acogida «con interés y preocupación» por los europarlamentarios, como explica uno de sus miembros, el jurista y escritor Nicolás Bartolomé Pérez, a causa del estado de «desprotección total» en el que ha sumido esta lengua la actual autonomía.

—¿Cuál fue, en esencia, el objetivo de vuestra intervención en el Parlamento Europeo?

—Informar sobre la situación de la lengua leonesa. En primer lugar el presidente de Faceira, Ricardo Chao, explicó la existencia de una región europea, la leonesa, que es heredera directa del Reino de León medieval del que trazó sus hitos principales, señalando también su actual falta de autonomía a pesar de su personalidad y larga trayectoria histórica. A continuación se trató sobre el leonés aportando algunos datos básicos y denunciando que un idioma que tiene estatus de protección en virtud del artículo 5.2 del estatuto de autonomía y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa está en el más absoluto desamparo por parte de Castilla y León, que tiene un mandato legal de protección que desatiende sin miramiento.

—¿Y qué os traéis bajo el brazo? Esto es, ¿para qué ha servido vuestro viaje?

—Para Faceira es prioritario informar sobre la existencia y divulgar la precariedad de esta pequeña lengua románica europea en todos los ámbitos sociales y políticos, y reivindicar en los foros de decisión autonómicos, estatales y europeos medidas que den cumplimiento a la normativa dictada para su salvaguardia. El Parlamento Europeo es sin duda el lugar más relevante para ello por su importancia. Esperemos que desde esa institución atiendan nuestra petición expresa de requerimiento al presidente de Castilla y León para que la Junta cumpla con la obligación de protección del leonés.

—¿Cómo vieron en Estrasburgo la situación del leonés?

—Los europarlamentarios del Intergrupo de Minorías Tradicionales, Comunidades Nacionales y Lenguas vieron con interés y preocupación la situación del leonés, y constataron que la falta de promoción de una lengua legalmente protegida, especialmente en el ámbito educativo, es un hecho insólito en el marco de la UE, que promueve como valores la diversidad lingüística y cultural, pero que Castilla y León no respeta.

—¿Cuál es la postura de la Junta en este asunto?

—La de no cumplir la ley. Dos informes del Consejo de Europa (2012 y 2016), una proposición no de ley aprobada por unanimidad por las Cortes de Castilla y León (2010), o dos resoluciones del Procurador del Común (2009 y 2016) instando a la Junta a que proteja el leonés con medidas reales, introduzca esta lengua como materia en la enseñanza reglada de la comunidad o desarrolle legalmente las medidas de protección, promoción y fomento de su uso han sido sistemáticamente ignoradas. La política arbitraria y discriminatoria de la Junta hacia los hablantes de leonés tienen un elocuente ejemplo: mientras que en los últimos diez años se han dedicado más de 6 millones de euros a la promoción del gallego en Castilla y León (lengua también protegida por el estatuto de autonomía), al leonés se han dedicado 3.000 euros en ese período; nada más. Es cierto que este año, y gracias a la iniciativa del procurador de la UPL Luis Mariano Santos, se quieren dedicar 150.000 euros en los presupuestos de la comunidad para la promoción del leonés, pero el consejero de Educación ya está maniobrando para que ni un céntimo de esa suma se dedique a la enseñanza del leonés o a su promoción efectiva. De hecho, en una reunión mantenida en Valladolid en julio de este año entre Fernando Rey y representantes de varias asociaciones de defensa de la lengua leonesa, el consejero afirmó desconocer qué era el leonés para excusar su inoperancia. Lo cual es curioso porque Rey se proclamó, junto con el socialista Villalba, como el redactor del artículo 5.2. Todo un ejemplo de cinismo.

—¿Por qué acudisteis vosotros en concreto?

—La intervención responde a una invitación directa para exponer en Europa la realidad del leonés que nos llegó del partido político valenciano Compromís, que ya ha colaborado con otros colectivos leoneses. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al senador Cales Mulet y también al europarlamentario Jordi Sebastià por su interés y su esfuerzo.

 

Diario de León, 1 de noviembre de 2017